Las residencias tienen el 20% de plazas vacías por el atasco de la Ley de Dependencia
El retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, aprobada hace casi año y medio, está teniendo consecuencias en los niveles de ocupación de las residencias de tercera edad de la Comunidad Valenciana, que mantienen una quinta parte de sus plazas vacías, según ha confirmado Aerte, la patronal autonómica de centros residenciales de atención a la dependencia, que aglutina al 80% de empresarios del sector en la Comunidad, con más de 200 empresas y 20.000 plazas dedicadas a este colectivo. "Claro que nos afecta el retraso. Tenemos ahora un 20% de plazas vacantes porque el retraso en la aplicación de la ley conlleva un retraso en las valoraciones de las personas dependientes y, por lo tanto, un retraso en la ocupación de las plazas", apunta Alberto Jiménez, presidente de Aerte, que atribuye esta situación al atasco existente en las solicitudes y a la paralización del bono-residencia y de las plazas de accesibilidad social -las dos vías de acceso a una plaza residencial de forma subvencionada- para los nuevos solicitantes. Cabe recordar que desde enero de este año, la Conselleria de Bienestar Social excluyó de la convocatoria del bono-residencia y accesibilidad social a las personas que solicitaban esta subvención por primera vez y sólamente contemplaba renovar las ayudas a aquellas personas ya ingresadas en centros (ratificaciones). El resto, los nuevos beneficiarios, eran remitidos al calendario marcado por la Ley de Dependencia, por lo que la única posibilidad que tienen es presentar su solicitud para ser valorados como dependientes y esperar su resolución, situación en la que se encuentran miles de personas. Jiménez apunta que la ley establece la creación de una red pública con plazas concertadas y cuando ésta esté cubierta funcionaría "la prestación económica vinculada al servicio", equivalente al bono-residencia, "que es lo que ahora ha quedado paralizado y sólo se han ratificado los que ya estaban, por lo que el nuevo demandante tiene que hacer la solicitud, que le valoren, le hagan su plan de atención y esperar su resolución. Ahora la Conselleria tiene que saber cuántos dependientes hay para incorporarlos a la red, pero hay un problema de gestión y, con más de 70.000 solicitudes, el atasco está servido". A juicio del responsable de Aerte, "hay que saber cuanto antes el número de dependientes para poder atenderlos" y añade que el sistema "tiene que mejorar" forzosamente este año, ya que la Conselleria debe tener reconocidos a todos los grandes dependientes y a una parte de los dependientes severos del nivel 2. Jiménez apunta que el resto de dependientes cuya valoración se contempla en años posteriores "aún no tienen derecho por ley, pero habrá que habilitar algo para ellos, y si no se financia con cargo a la Ley de Dependencia se tendrá que habilitar otro presupuesto". El presidente de la patronal de centros ve, por ello, necesario alcanzar un pacto de Estado sobre la financiación de la ley entre el Gobierno central y el autonómico, para no tener que negociar cada año su cuantía económica y evitar nuevos retrasos, al tiempo que recuerda que aún deben desarrollarse otros aspectos de la norma, como la acreditación de centros o la fórmula del copago. En la Comunidad Valenciana, según datos del Imserso, existen 323 residencias, de las que 265 son de titularidad privada (82%) y 58 de titularidad pública (18%). Estos centros ofrecen cerca de 25.000 plazas residenciales, cuya financiación es pública sólo en un 22%, concertada en el 43,4% y privada en el 34%.
Fuente: Diarioinformacion.com
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